Por el delito que acusó la Fiscalía, esto es, homicidio calificado con alevosía, el tribunal oral de Iquique condenó a la acusada E.C.T.M. a la pena efectiva de 15 años de presidio como autora del asesinato de la dirigenta Antonia Esteban Moscoso, ocurrido en febrero del año pasado, el mismo día en que la víctima había sido distinguida como ciudadana destacada por la municipalidad de Pozo Almonte.
Luego que el fiscal del Tamarugal Milton Torres presentara en el juicio numerosa prueba testimonial y pericial, se dio por acreditado que el 17 de febrero del año pasado, cerca de las 14:00 horas, la acusada concurrió a bordo de un vehículo al exterior del Centro de Artes Escénicas de la comuna de Pozo Almonte, donde recogió a la víctima Antonia Esteban Moscoso – tía de su marido, quien mantenía una discapacidad física del 70% y caminaba ayudada por un bastón, y con quien tenía una relación de cercanía-, con la excusa de ir a firmar un documento notarial para el traspaso de un terreno.
Una vez que la víctima salió del lugar y de la ceremonia en la que había sido distinguida como ciudadana destacada, se subió al auto de la acusada, quien la trasladó a un domicilio ubicado en calle Héctor Basualto, donde una vez en el interior, la acusada -aprovechando la discapacidad física que mantenía la víctima y actuando a traición, sobre seguro y en forma alevosa-, se puso a su espalda y con un cuchillo la apuñaló a la altura del tórax comprometiendo el pulmón y el corazón. Debido a la gravedad y multiplicidad de heridas, la víctima falleció en el lugar.
La acusada limpió minuciosamente el lugar e introdujo el cuerpo de la víctima al interior de una maleta, regresando al día siguiente, en horas de la mañana, cuando trasladó la maleta con el cuerpo de la víctima hasta una vivienda ubicada en calle Aldunate de la misma comuna, lugar donde la lanzó a un pozo séptico ubicado en el patio, en el cual la Policía de Investigaciones posteriormente encontró el cuerpo.
En el juicio el fiscal Milton Torres presentó los testimonios de los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias desde el mismo día en que desapareció la víctima, tomando declaración incluso a la propia acusada, ya que había sido la última persona en verla, quien señaló en ese momento que la había dejado en una calle de Pozo Almonte con otra señora y no la volvió a ver, aunque habían quedado de acuerdo en ir a una notaría junto a su marido para materializar la compra de un terreno por el cual la víctima supuestamente le había pagado 30 millones de pesos.
Sin embargo, los funcionarios policiales analizaron las cámaras de seguridad del lugar donde supuestamente la imputada había dejado a la víctima y confirmaron que dicha información no coincidía, tomándole nuevamente declaración a la imputada, ocasión en que ella confesó que le había dado muerte y cómo lo había realizado.
También declararon familiares de la víctima, quienes señalaron desconocer sobre la venta del terreno, y el médico legista del Servicio Médico Legal que dio cuenta de la causa de muerte y de las graves heridas que presentaba su cuerpo.
Si bien la Fiscalía estaba solicitando la pena de 20 años de presidio en contra de la acusada, el tribunal resolvió condenarla a la pena de 15 años de presidio efectivo, acogiendo además la demanda civil interpuesta por el hijo de la víctima, por lo que la acusada deberá pagarle 35 millones de pesos por concepto de daño moral