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Cada uno de los tres imputados deberá, tal como lo solicitó la Fiscalía, pagar además una multa que supera los 6 millones de pesos.
Plenamente conforme con la sentencia dictada por el tribunal, ya que acogió las penas solicitadas por el ente acusador, se mostró el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, luego que el juzgado de garantía de Pozo Almonte condenara a cada uno de los tres acusados por los daños al geoglifo “Gigante de Tarapacá”, a las penas de 3 años de presidio y al pago de una multa de 125 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos seis millones de pesos.
“Esta es la máxima pena que podíamos solicitar considerando que a los imputados les beneficia la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, al no tener condenas anteriores. Esa fue la pena solicitada por nosotros y, pese a que la defensa de los acusados pidió unas penas muy inferiores, el tribunal acogió nuestra petición dada la gravedad de los hechos, ya que el daño producido al geoglifo es irreparable”, explicó el fiscal.
El viernes pasado se había realizado un procedimiento abreviado contra los tres turistas –dos de nacionalidad chileno-belga y uno belga-, que fueron investigados por los daños producidos el 6 enero pasado al monumento nacional ubicado en el Cerro Unita, comuna de Huara.
En dicha ocasión el fiscal Torres presentó acusación verbal en contra de los imputados Wanda Larrocha López, Esteban Vilugron Silva y Nikolaou Panagiota por el delito de daños a un monumento nacional, ya que el día de los hechos, los tres sujetos, en compañía de una cuarta persona a bordo de un vehículo, ingresaron al complejo arqueológico por el flanco nororiente, conduciendo el móvil hasta el geoglifo “Gigante de Tarapacá”.
En dicho lugar, los acusados se desplazaron en vehículo y caminaron, dejando huellas sobre los delicados vestigios arquelógicos y provocando una afectación de dicho monumento. El fiscal explicó que un informe de Bienes Nacionales estableció que los daños provocados al geoglifo son irreversibles, y que lo único que se puede hacer es una conservación curativa, que tiene un valor aproximado entre 15 a 25 millones de pesos.
El fiscal había solicitado que fueran condenados a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y al pago de una multa de 125 UTM; solicitud a la que se adhirió el Consejo de Defensa del Estado. Por su parte, la defensa pidió que se les rebajara la pena a 61 días de presidio y multa de 2 UTM.
La jueza Isabel Peña leyó hoy la sentencia, acogiendo la solitud de la Fiscalía y otorgando el beneficio de la remisión condicional de la pena para los dos acusados chilenos, quienes deberán cumplirlo en territorio nacional. Señaló que una vez que el fallo esté ejecutoriado, le pedirá un informe a Gendarmería sobre la posibilidad de que los condenados puedan cumplir este beneficio en Bélgica, a través del consulado.
En el caso de la ciudadana belga Panagiota, se le sustituyó la pena por la expulsión del país, tras haber cancelado la multa, no pudiendo luego ingresar a Chile por el plazo de 10 años.
