Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Por casi cuatro años, y aprovechando que estaba a cargo del pago de proveedores, la acusada logró apropiarse de más de 240 millones de pesos provenientes de la casa universitaria.
Por el delito de fraude al fisco reiterado fue condenada la ex administrativa del departamento de Contabilidad de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Janeth Yáñez Carmona, quien entre los años 2012 y 2016 se apropió de más de 242 millones de pesos de dicha casa de estudios. La condenada deberá cumplir la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
En la acusación, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá, Eduardo Ríos, señaló que la acusada, en su calidad de encargada de cuentas por pagar del departamento de contabilidad de la UNAP, defraudó a dicha institución mediante la adulteración reiterada de 24 cheques girados desde la cuenta corriente de la casa de estudios, y que originalmente estaban destinados para el pago de proveedores como Aguas del Altiplano, Entel y Eliqsa, entre otros.
El fiscal explicó que la acusada borraba en los cheques los nombres de las empresas beneficiarias, reemplazándolos por su propio nombre y depositándolos en su cuenta vista. Además, para evitar que tales hechos fueran detectados, ingresaba al sistema informático utilizado por la universidad para la generación de cheques, logrando generar nuevos cheques para el pago de las mismas facturas, lo que implicó que la casa de estudios dispusiere dos veces de fondos públicos para el pago de un mismo servicio.
En definitiva, en casi cuatro años, la acusada se apropió del dinero obtenido producto de la adulteración de los cheques, sufriendo la Unap un perjuicio que superó los 242 millones de pesos.
Dado que la acusada aceptó los hechos de la carpeta fiscal, se realizó un procedimiento abreviado ante el juzgado de garantía de Iquique, siendo finalmente condenada por el delito reiterado de fraude al fisco a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa consistente en el 10% del perjuicio causado. Además, el tribunal le concedió el beneficio de libertad vigilada intensiva.
