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Ya que nuevamente no se presentó a la audiencia de formalización, el órgano persecutor resolvió que cerrará la investigación para presentar cargos contra el ex parlamentario.
Luego que por segunda vez esta mañana el ex diputado Hugo Gutiérrez no se presentara a la audiencia de formalización fijada por el juzgado de garantía, la Fiscalía de Iquique decidió desistirse de pedir una nueva fecha y presentar directamente un requerimiento para juicio simplificado. Con esta presentación, la fiscalía daría por cerrada la investigación y presentaría cargos contra el ex parlamentario por los delitos de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública.
En la audiencia de hoy, el magistrado Frederick Roco indicó que el imputado no pudo ser ubicado en ninguno de los domicilios que aportó la Fiscalía, tanto en Iquique como en Valparaíso, y que en su domicilio particular en la ciudad, en varias oportunidades familiares señalaron que vivía ahí pero no se encontraba. “Solicitamos audiencia de formalización para que el ex diputado, al igual que cualquier otra persona del país que es investigada por un delito, conociera de esta investigación, pudiera aportar medios probatorios e incluso declarar, pero entendemos que si hasta la fecha no ha concurrido es porque no le interesa participar, por eso procederemos a ubicarlo e identificar su domicilio con la policía y luego a presentar un requerimiento simplificado”, indicó el persecutor.
El fiscal Ríos aclaró que si la policía no puede ubicar al imputado, se solicitará al tribunal la orden de detención respectiva.
En el requerimiento de procedimiento simplificado, la Fiscalía presentará los cargos contra el ex parlamentario y los medios probatorios con que se cuenta para proceder al juicio.
La investigación contra el ex diputado tiene relación con los hechos sucedidos el pasado 8 de agosto, cuando él junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique. Los delitos que se le imputan son los de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública. Este último ilícito se refiere a los funcionarios públicos que, requeridos por la autoridad correspondiente, no prestan la debida colaboración en la administración de justicia o en cualquier otro servicio público similar en el ejercicio de su cargo.
