Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Fiscalía solicitó la orden al tribunal amparada en las permanentes inasistencias del imputado y la imposibilidad de ubicarlo en más de 23 oportunidades.
Debido a que no se presentó a la audiencia de juicio simplificado fijada para hoy en el juzgado de garantía de Iquique ni tampoco justificó su inasistencia, el magistrado Diego Reyes acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la orden de detención en contra del ex diputado Hugo Gutiérrez, quien enfrenta cargos por amenazas a funcionarios de la Armada y omisión de cooperación pública.
“El día de hoy se realizaba la audiencia de procedimiento simplificado, pero el ex parlamentario no se presentó ni justificó su inasistencia, por lo que la Fiscalía procedió como en todos los otros casos, a solicitar la respectiva orden de detención, entendiendo que su inasistencia está viendo demorado y dificultado el proceso. Debemos recordar que desde octubre del año pasado, el Ministerio Público, la policía y el tribunal en 23 oportunidades han intentado citarlo y ubicarlo para que concurra al tribunal, a la fiscalía o al cuartel de Investigaciones, pero en todas esas ocasiones él no se ha presentado”, indicó el fiscal de la causa, Eduardo Ríos.
El persecutor explicó que si bien en la audiencia de hoy el tribunal acogió los argumentos de la defensa del imputado, respecto a que no estaría válidamente notificado por un tema técnico; el juez estimó que sí procedía la orden de detención al acreditarse por parte de esta Fiscalía que el imputado está demorando el proceso para no presentarse a las actuaciones, considerado que no ha asistido a las audiencias previas, no ha entregado un domicilio, se ha negado a ser notificado y no ha realizado ninguna presentación ante la Fiscalía.
La orden de detención deberá ser ejecutada por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y tiene un plazo de 30 días.
La Fiscalía presentó un requerimiento en procedimiento simplificado en contra del ex diputado por los hechos sucedido 8 de agosto del año pasado, cuando él junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique. De acuerdo al Ministerio Público, se configurarían los delitos de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública, por los cuales está solicitando una pena de 540 días de presidio y 540 días de suspensión del empleo y multa de 8 UTM, respectivamente.
