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Acogiendo los argumentos de la fiscalía regional de Tarapacá, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de dos ciudadanos mexicanos, pertenecientes a una facción del cártel de Sinaloa que intentó instalarse en el país, confirmando la condena que les había impuesto el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique.
“Se realizó la lectura del fallo por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, en la cual se rechazaron los recursos de nulidad presentados por las defensas de dos ciudadanos mexicanos, pertenecientes a una facción del cártel de Sinaloa, y que anteriormente el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique había condenado a los delitos de tráfico a ambos imputados, a las penas de ocho años de cárcel y también a las penas de 10 y 15 años de cárcel, respectivamente, por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico”, informó el asesor jurídico de la Fiscalía Regional, Stephan Justiniano.
En el juicio oral de noviembre del año pasado, la Fiscalía logró acreditar que el imputado Ricardo Salazar Tarriba llegó al país en septiembre de 2020 a fin de montar las redes logísticas y crear los vínculos necesarios para operativizar un negocio criminal de tráfico de sustancias ilícitas, manteniendo contacto con los líderes de está célula que estaban asentados en España, uno de los cuales era un sobrino Morris O’Shea Salazar (ciudadano mexicano irlandés), que mantiene vigente una orden de extradición; y un ciudadano británico que era el financista.
Durante el tiempo que estuvo en Chile, el imputado gestionó el ingreso al país de 350 kilos de clorhidrato de cocaína provenientes de Bolivia, los que serían enviados desde el puerto de Valparaíso hasta Bélgica.
Debido a problemas médicos del imputado, en diciembre de 2020 arribó al país su hermana Yolanda Salazar Tarriba, quien comenzó a recibir instrucciones de su hijo Morris O’Shea Salazar para proseguir con el envío de la droga. De igual forma en la investigación se trabajó con la policía española para el envío de otro cargamento vía aérea, lo que no se concretó ya que el 10 de marzo ambos imputados fueron detenidos en el aeropuerto Diego Arturo Merino Benítez cuando se disponían a abandonar el país.
