Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
La víctima logró retornar a Chile tras la activación de la red de trata de personas y tráfico de migrantes internacional de la Fiscalía Nacional.
En prisión preventiva quedó el imputado Jesús Jaramillo Felles, de nacionalidad peruana y de 54 años de edad, luego de ser detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía de Iquique y el OS9 de Carabineros por su participación en la retención de una niña chilena en Perú.
En la audiencia de control de detención, la fiscal a cargo del caso Jócelyn Pacheco, explicó que esta investigación se inició por una denuncia por presunta desgracia ocurrida en el mes de octubre del año 2023, en donde la madre de una menor de 14 años de edad denunció que ésta se había ido de su domicilio y no tenía conocimiento de su paradero. En virtud de ello, se iniciaron diligencias por parte de la Fiscalía junto al OS9, quienes lograron determinar que la menor se encontraba en la localidad de Chancay del país de Perú, retenida en contra de su voluntad y realizando diversos trabajos forzosos, además de encontrarse a disposición de los hijos del imputado que fue formalizado este viernes.
“Con esa información y también con las pesquisas que realizó la madre de la víctima, fue posible activar la red de trata internacional de la Fiscalía Nacional y se realizaron las coordinaciones con los fiscales de Perú para poder concretar el traslado de la menor, la cual pudo retornar a Chile en el mes de mayo de este año”, indicó la fiscal.
Finalmente, este jueves personal de la sección OS9 de Carabineros concretó la orden de detención del imputado Jesús Jaramillo, quien habría facilitado y promovido el traslado de la menor hasta la ciudad de Tacna y luego hasta la ciudad de Lima, el cual en todo momento tuvo conocimiento de que la menor se encontraba retenida y a disposición de sus hijos, los cuales la obligaron a realizar diversos trabajos, como asimismo la maltrataron física y sexualmente.
La Fiscalía formalizó al hombre por el delito de trata de personas con fines de servidumbre y solicitó su prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal por ser su libertad un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.
