En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad chilena formalizado por la Fiscalía del Tamarugal por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, luego de ser sorprendido por Aduanas mientras trasladaba más de 22 kilogramos de drogas, entre cocaína y ketamina.
En la audiencia de control de detención y formalización, la fiscal (s) del Tamarugal Daniela Campusano informó que el hecho ocurrió el sábado 19 de octubre en la avanzada aduanera de Quillagua, aproximadamente a las 16:00 horas, cuando los funcionarios de Aduanas seleccionaron el camión semiremolque conducido por el imputado de iniciales C.C.P.P., para la revisión en el camión scanner. El imputado se negó a la revisión indicando que tenía una urgencia, retrocedió el vehículo y se estacionó en un lugar cercano a la avanzada. Luego de esto, nuevamente se apersona en el control y se ofrece a que le realicen la revisión, ante lo cual funcionarios proceden a realizar una inspección en el sector donde se había estacionado, lugar donde solo había transitado el imputado, logrando encontrar allí una mochila y un bolso que contenían paquetes en su interior.
Los funcionarios aduaneros dieron aviso de la situación a personal de Carabineros apostados en dicha avanzada, quienes proceden a la revisión con los equipos especializados y confirmaron que se trataba de 22 paquetes, de los cuales 4 de ellos contenían 4 kg 35 gramos de cocaína y 18 paquetes con 18 kg 700 gramos de ketamina. Con los resultados, los funcionarios policiales procedieron a la detención del imputado por el delito de tráfico ilícito de drogas y el fiscal de turno instruyó que la investigación quedara a cargo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron las primeras diligencias como la revisión del camión con técnica canina, pericia que culminó con marcaje positivo ante presencia de sustancia ilícita en sector de la litera del camión.
La fiscal (s) solicitó la prisión preventiva del imputado, petición que fue acogida por el tribunal por peligro para la seguridad de la sociedad y se fijó un plazo de investigación de 120 días.