Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Una organización criminal transnacional que dirigía y controlaba desde Iquique una red de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral operativa a lo largo del país, fue desarticulada tras una investigación realizada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones.
La investigación dirigida por la Fiscal Karem Gómez, junto a la Brigada de Trata de Personas Iquique de la PDI y con la colabaroción de la Unidad de Análisis de Sacfi, permitió realizar un masivo operativo simultáneo en ocho ciudades del país, allanándose 11 domicilios, en los que se logró la detención de cuatro imputados -tres extranjeros y uno chileno-. Además, se encontró un total de 48 mujeres dedicadas al comercio sexual, de las cuales 10 se detectan hasta ahora como víctimas de trata, sin perjuicio de que se puedan identificar otras víctimas conforme al análisis de los antecedentes de la investigación.
“Lo relevante es que acá se realizó una investigación coordinada con otras regiones, en especial por los equipos de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, además de los fiscales de SACFI, y se logró este resultado exitoso, que es la desarticulación de esta organización criminal que operaba en el país con víctimas en diversas ciudades del país, como por ejemplo Iquique, Calama, Copiapó y Ovalle, entre otras”, explicó la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
En la investigación se determinó que la organización era dirigida por una mujer de nacionalidad peruana – años atrás detenida y condenada por estos mismos ilícitos-, quien captaba fuera y dentro de Chile a mujeres extranjeras para explotarlas sexualmente, financiando sus traslados y alojándolas en prostíbulos clandestinos ubicados en Iquique y en diferentes ciudades del país. La captación de estas mujeres se realizaba mediante engaño, con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y bajo coacción, ya que los imputados mantenían un sistema de control de las víctimas a través del cobro de multas por viajes, comportamiento o por distintos conceptos.
Los imputados se ocupaban además de recibir los pagos, publicar y difundir los servicios sexuales en plataformas virtuales, y también traían desde el extranjero mujeres para supuestamente trabajar como operadora de marketing, pero una vez en el país eran obligadas a trabajar como administradoras de servicios sexuales.
Los cuatro imputados fueron formalizados como autores de dos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, siete delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y por pertenecer a una asociación ilícita especial para la comisión de los delitos de trata de personas. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de todos los imputados, fijándose un plazo de investigación de 120 días.
