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Además decretó la misma medida cautelar para el ex seremi J.V.P., quien según la Fiscalía, habría actuado como intermediario entre los representantes de la empresa Itelecom y los miembros del concejo.
Luego que se vieran las apelaciones de la Fiscalía y de los defensores de cuatro de los imputados que permanecen en prisión preventiva desde la formalización del viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó esta semana la máxima medida cautelar de dos concejales y dos funcionarios municipales formalizados por cohecho y otros delitos, en la investigación que se sigue adelante por las licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público de la ciudad.
Además los ministros Pedro Guiza, Marilyn Fredes y Rafael Corbalán acogieron por unanimidad la solicitud de la Fiscalía de modificar el arresto domiciliario que se había decretado en contra del ex seremi J.V.P. -formalizado por soborno reiterado, lavado de dinero y fraude al Fisco-, y decretó su prisión preventiva.
Sin embargo, el máximo tribunal mantuvo el arresto domiciliario total del gerente general de Itelecom M.L.H., de su subgerente P.G.G., y de quien operaba como intermediario de la empresa, el imputado de iniciales C.U.B., a quienes la Fiscalía había solicitado su prisión preventiva. Esta última resolución fue con el voto en contra de la ministra Fredes, quien estuvo por acoger la petición fiscal.
“Por una parte estamos conformes, ya que la Corte acogió nuestra solicitud de mantener las prisiones preventivas de los concejales y funcionarios públicos decretadas por el juez de garantía, y también resolvió la misma medida para un intermediario local que había quedado con arresto domiciliario total la semana pasada. Lamentablemente, no fue acogida nuestra petición de que los representantes de la empresa Itelecom quedaran en prisión preventiva, situación que creemos era la medida cautelar necesaria, dada la multiplicidad de delitos que se les imputan, la gravedad de los mismos y las circunstancias de comisión en este acto de corrupción de funcionarios públicos por parte de los particulares”, afirmó el fiscal a cargo del caso, Gonzalo Guerrero.
La Fiscalía sigue una investigación por los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita en contra de cuatro concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Itelecom y Elec, a quienes se les atribuye una serie de hechos de corrupción en licitaciones por la reposición del alumbrado público en Iquique.
