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El acusado formaba parte de las numerosas personas investigadas por la Fiscalía de Iquique y la Policía de Investigaciones en la obtención fraudulenta de un beneficio tributario que permite ingresar vehículos extranjeros usados al país.
Por los delitos de contrabando y uso malicioso de instrumento público falso fue condenado el tramitador aduanero Jorge Rojas Claros a las penas de 61 días y 541 días de presidio, respectivamente, por su participación en la obtención fraudulenta del beneficio tributario conocido como Partida 0033, que permite a personas que han vivido en el extranjero, ingresar vehículos usados al país.
De acuerdo a lo probado en el juicio oral por el fiscal Eduardo Ríos – junto al abogado querellante de Aduanas-, el año 2014, el acusado facilitó los medios y efectuó los trámites ante Aduanas Iquique para que el particular Omar Artus Foster (ya condenado también por estos hechos) obtuviera, mediante la utilización de documentos públicos falsos, la franquicia señalada, a la cual no tenía derecho.
De esta forma, Artus Foster – con residencia en Rancagua- pudo adquirir un vehículo usado de procedencia extranjera, con restricción a Zona Franca, marca Porsche, modelo Boxter, año 1997; cancelando cerca de 6 millones de pesos, que incluía el valor del automóvil y de los trámites. Para esta adquisición se usó el nombre de una persona que realmente tenía derecho a la franquicia, y de la cual se falsificó su firma en múltiples documentos, así como también se falsificaron firmas y timbres notariales.
En el juicio oral declararon los funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones que, bajo la dirección de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá, estuvieron a cargo de las diligencias que permitieron identificar el modus operandi de estas personas para ingresar en forma irregular al país vehículos extranjeros usados, utilizando un beneficio que sólo pueden obtener las personas que han residido por varios años fuera del territorio nacional.
La investigación logró identificar a beneficiarios de esta partida que vendieron sus cupos, a las personas que adquirieron dichos vehículos sin cumplir con los requisitos, y a los tramitadores que entregaron documentación falsa para obtener los móviles. Además se incautaron 41 vehículos que fueron ubicados entre Antofagasta y la Séptima Región, con un valor que supera los 500 millones de pesos.
Junto a las penas de presidio, el tribunal condenó al acusado al pago de una multa de un 20% del valor del vehículo, y decretó el comiso del automóvil Porsche.
