Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Fiscalía de Iquique lo formalizó también por tráfico de drogas, ya que se encontró en su domicilio 880 gramos de cocaína base.
Por los delitos de amenazas condicionadas reiteradas y tráfico de drogas fue formalizado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía, el adolescente J.F.P.R., detenido en Iquique por la Policía de Investigaciones tras amenazar la semana pasada a la directora y docentes del establecimiento educacional Instituto del Mar a través de una red social.
El fiscal a cargo del caso Oscar Sáez explicó que las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Robos y el Cibercrimen Metropolitano de la PDI permitieron en poco tiempo identificar a la persona que sería responsable de las amenazas. “Ayer se concretó la orden de entrada y registro al domicilio del imputado, así como su detención, encontrando al interior de la vivienda 880 gramos de cocaína base y el teléfono celular del adolescente, el cual está vinculado a la cuenta de Instagram a través de la cual se realizaron las amenazas”, indicó el persecutor.
En la audiencia de formalización el fiscal señaló que entre los días 9 y 11 de mayo, desde su domicilio ubicado en la población Jorge Inostroza y utilizando la cuenta de Instagram “Confesiones_Instituto del Mar22”, el imputado realizó una serie de amenazas dirigidas a la directora de dicho establecimiento educacional y a otros docentes, exigiendo como condición que cierto grupo de alumnos que se encuentran suspendidos y en proceso de expulsión -entre los cuales estaba él mismo-, fueran reintegrados al establecimiento y a las clases.
El fiscal detalló 14 amenazas subidas a la cuenta, que incluían fotografías de supuestas armas de fuego, incluso al interior del colegio, así como también unos audios de whatsapp con amenazas a la directora.
En el domicilio además de la droga se encontraron 19 vainillas de fogueo percutidas y 9 sin percutar.
Dada la gravedad de los hechos, el fiscal solicitó la internación provisoria del imputado, por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. La petición fue acogida por el juzgado de garantía, fijándose un plazo de investigación de 90 días.
