Por el delito de tráfico de migrantes agravado fueron formalizados por la Fiscalía los dos imputados, de nacionalidad boliviana, detenidos mientras ingresaban a 19 migrantes por el sector fronterizo de Colchane.
En la audiencia de control de detención y formalización, la Fiscalía informó que el día 27 de mayo de 2025, en horas de la noche, los imputados J.C.G. y J.H.Ch. se coordinaron con un grupo de coyotes para facilitar el ingreso al país de 19 migrantes de nacionalidad venezolana y colombiana,
quienes se encontraban en la localidad de Pisiga Bolívar en Bolivia. Tras cobrarles entre $10.000 y $15.000 pesos, los guiaron por el desierto a altas horas de la noche y a bajas temperaturas, poniendo en riesgo su integridad física, para así ingresarlos por pasos no habilitados a territorio nacional.
Una vez en Colchane el imputado J.C.G. recibió a las víctimas a bordo de un furgón para trasladarlos hasta la ciudad de Iquique, momentos en que les indicó a las víctimas que cambiaron las condiciones, exigiendo un nuevo pago de $40.000 pesos. Ante la negativa de las víctimas, J.C.G. estacionó en el desierto y llamó al imputado J.H.Ch., quien llegó a bordo de un segundo vehículo y le exigió a las víctimas el pago en efectivo o la entrega de sus celulares, advirtiéndoles que los dejarían abandonados en el desierto, ante lo cual los migrantes se vieron obligados a pagar y/o entregar sus celulares. Luego continuaron marcha por la Ruta 15CH y, siendo aproximadamente las 02:00 horas, los funcionarios de Carabineros intentaron fiscalizarlos, momentos en que el imputado se bajó del vehículo en movimiento y provocó que un niño y dos adultos cayeran del furgón, resultando con lesiones leves. Posteriormente, carabineros detuvo al imputado J.C.G. y le incautó $223.000, 20 soles, 5 reales y 20 dólares. De la misma manera, horas más tarde fue detenido J.H.Ch. manteniendo en su poder $170.000 en efectivo.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos imputados como autores del delito de tráfico de migrantes agravado, petición que fue acogida por el tribunal por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.