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Según el análisis toxicológico realizado al imputado, éste conducía bajo los efectos de la marihuana cuando embistió al funcionario policial.
Por el delito conducir bajo los efectos de estupefacientes o psicotrópicos ocasionando lesiones graves, la Fiscalía de Iquique formalizó el imputado A.H.A., quien el sábado pasado atropelló con su moto a un carabinero que realizaba un control vehicular en la ruta costera, a la altura de la playa Lobitos. A solicitud del fiscal, el tribunal decretó su prisión preventiva, por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
En la audiencia de formalización, el fiscal Eduardo Ríos señaló que los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando el funcionario de Carabineros, que se encontraba realizando controles vehiculares selectivos en la pista oriente de la ruta A 1, vistiendo el uniforme institucional y chaleco reflectante, dispuso la detención de la motocicleta marca Kawasaki, color verde, que circulaba sin su placa patente y era conducida por el imputado, quien lo hacía bajo los efectos del consumo de marihuana y sin contar con la licencia de conducir requerida para este tipo de vehículos. Sin embargo, el imputado no detuvo la marcha e impactó al funcionario policial, quien resultó con traumatismo encéfalo craneano complicado, policontuso y con fractura en su pierna de carácter grave, manteniendo compromiso vital serio con apoyo respiratorio externo, sin poder establecerse aún posibles secuelas neurológicas.
El fiscal detalló que el informe preliminar de la SIAT estableció que, si bien existía buena visibilidad al momento de los hechos, el imputado no estuvo atento a las condiciones del tránsito; que no existe claridad a qué velocidad iba, pero se presume era alta; y que el análisis toxicológico dio positivo a THC.
El persecutor agregó que el año 2018 el imputado tuvo una causa por conducción de una moto bajo la influencia del alcohol y que también conducía sin la licencia debida.
Dada la gravedad del hecho, el fiscal Ríos solicitó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el magistrado Ricardo Leyton, fijándose un plazo de investigación de 90 días.
