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La medida preventiva se decretó con motivo de la celebración religiosa de San Antonio para evitar incendios forestales.
La prohibición total de quemas agrícolas y de desechos forestales decretó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la comuna de Pica, entre los días 12 y 16 de junio, con motivo de la celebración de San Antonio, buscando de esta forma disminuir las causas para la ocurrencia de emergencias derivadas de incendios forestales en la comuna.
Así lo dio a conocer la directora regional de CONAF, Natalia Ortega, quien señaló que “solicitamos la colaboración de la comunidad en no realizar quemas durante estos día y a buscar alternativas para la eliminación de rastrojos derivados de actividades agrícolas. En CONAF, hace varios años, estamos concientizando a los agricultores de la región en diversificar las alternativas de uso del fuego y a fortalecerlos comunitariamente en cómo deben actuar para evitar este tipo de siniestros”, puntualizó la directora.
A lo anterior, Ortega expresó que en la provincia del Tamarugal se han difundido las especificaciones del Decreto Supremo 276/1980 del Ministerio de Agricultura que establece medidas de utilización del fuego en forma segura y solo como quema controlada, previo aviso a CONAF.
Cabe consignar que para realizar una quema controlada es necesario que, antes de usar el fuego, el interesado se contacte con CONAF y avise de su intención de hacer una quema controlada. Dado lo anterior, la tramitación de solicitudes de quema para la comuna de Pica, se retomarán a contar del día 17 de junio.
Una vez registrado el aviso de quema controlada, CONAF informa a Carabineros la ubicación del predio. “Ambas instituciones, en forma coordinada, realizan una ardua labor de fiscalización para asegurar el cumplimiento de lo establecido por el decreto. Quienes incumplan esta acción o que de ella se desencadene un incendio, arriesgan importantes sanciones”, sostuvo Ortega.
Cabe consignar que las personas que infrinjan la prohibición de realizar quemas de residuos agroforestales, arriesgan multas de hasta 150 UTM y penas de cárcel de hasta cinco años.
