Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Por casi cuatro años, y aprovechando que estaba a cargo del pago de proveedores, la imputada logró apropiarse de más de 240 millones de pesos provenientes de la casa universitaria.
Por los delitos de fraude al fisco y falsificación malicioso de instrumento privado mercantil fue formalizada la ex administrativa del departamento de Contabilidad de la Universidad Arturo (UNAP) Prat Janeth Yáñez Carmona, quien entre los años 2012 y 2016 se apropió de más de 242 millones de pesos de la casa de estudios. A solicitud de la Fiscalía, la imputada quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación.
En la audiencia, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá, Eduardo Ríos, señaló que la imputada, en su calidad de encargada de cuentas por pagar del departamento de Contabilidad de la UNAP, defraudó a dicha institución mediante la adulteración reiterada de 24 cheques girados desde la cuenta corriente de la casa de estudios, y que originalmente estaban destinados para el pago de proveedores, como Aguas del Altiplano, Entel y Eliqsa entre otros.
El fiscal explicó que la imputada borraba en los cheques los nombres de las empresas beneficiarias, reemplazándolos por su propio nombre y depositándolos en su cuenta vista. Además, para evitar que tales hechos fueran detectados, ingresaba al sistema informático utilizado por la universidad para la generación de cheques, logrando generar nuevos cheques para el pago de las mismas facturas, lo que implico que la casa de estudios dispusiere dos veces de fondos públicos para el pago de un mismo servicio.
En definitiva, en casi cuatro años, la imputada se apropió del dinero obtenido producto de la adulteración de los cheques, sufriendo la Unap un perjuicio que superó los 242 millones de pesos.
A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen los delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento privado mercantil y fraude al fisco, ya que la UNAP está financiada con fondos públicos mediante aportes gubernamentales y becas ministeriales.
Dada la gravedad de los delitos, la reiteración de los mismos y que la imputada se encontraba con orden de detención por no haberse presentado a una audiencia, el fiscal Ríos solicitó su prisión preventiva mientras dure la investigaciñon, lo que fue acogido por el juzgado de garantía de Iquique, por entender que la libertad de la imputada era un peligro para la seguridad de la sociedad.
