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Una investigación liderada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, permitió este jueves la detención de cinco integrantes de una organización dedicada al loteo de terrenos irregulares de la Toma La Mula, quienes incurrían en cobros de gastos comunes, extorsiones, agresiones físicas y desalojos violentos.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal jefa de Alto Hospicio Jocelyn Pacheco expuso que entre 2020 y 2023, la imputada R.A.D.M., de nacionalidad chilena, lideró un falso comité de vivienda junto a M.A.B.F. y W.L.C.B. (de nacionalidad peruana) y M.A.M.C. (chilena), quienes operaban como directiva. Contaban con el respaldo de C.A.S.D.N. (brasileño) y M.A.M.M. (chileno, aún prófugo), quienes ejercían funciones de seguridad e intimidación. A las víctimas, todas personas en situación de vulnerabilidad, se les vendían terrenos por montos entre $100.000 y $400.000, más pagos periódicos por servicios como electricidad, cámaras de seguridad, cierres perimetrales, entre otros. En caso de no pagar, eran amenazadas, agredidas o directamente desalojadas de forma violenta, incluso cuando cumplían con lo pactado, para luego revender los terrenos a nuevas víctimas.
En la formalización se presentaron antecedentes clave, como declaraciones de las víctimas, comprobantes de pago, registros fotográficos de daños en viviendas y lesiones, capturas de conversaciones del grupo de WhatsApp del supuesto comité, material audiovisual en que se observan amenazas directas, y peritajes técnicos que indican que los terrenos no son aptos para uso habitacional por riesgos geográficos. Detallando al menos 12 hechos delictivos cometidos contra 14 víctimas, tanto chilenas como extranjeras.
Considerando el riesgo para las víctimas denunciantes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados por delitos de loteo irregular y estafa. Adicionalmente, C.A.S.D.N. fue formalizado por amenazas condicionales, y R.A.D.M. también por daños, lesiones y amenazas. El tribunal consideró insuficientes las declaraciones de las víctimas para acreditar los hechos y fijó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual. La fiscal apeló verbalmente, por lo que será la Corte de Apelaciones de Iquique la que definirá la medida cautelar definitiva. El plazo de investigación se fijó en 120 días.
