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En total, los imputados recibieron en forma fraudulenta más de 223 millones de pesos en subvenciones otorgadas por el Gobierno para arrendar una vivienda o para apoyar una “acogida familiar” a quienes se les declaró su vivienda inhabitable.
Por haber recibido en forma fraudulenta las subvenciones por arriendo y por apoyo familiar que la intendencia regional otorgó a las familias afectadas en sus viviendas por los terremotos de comienzos de abril del año 2014, la Fiscalía de Iquique formalizó hoy investigación en contra de 44 personas de la capital regional y de Alto Hospicio.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Gonzalo Guerrero, explicó en la audiencia de formalización que a raíz de los terremotos ocurridos en Tarapacá, el gobierno dispuso una serie de iniciativas de apoyo a la reconstrucción de la región con el objetivo de ayudar a las personas que vieron afectadas sus viviendas. Dentro de aquellas, la intendencia regional creó un subsidio de “Apoyo al Arriendo o Acogida Familiar”, cuyo único propósito era proporcionar a las personas cuyas viviendas habían sido declaradas inhabitables por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, una suma de dinero que les permitiera arrendar otra vivienda, o bien ser recibidos en la vivienda de familiares o amigos, con el fin exclusivo de salvaguardar la seguridad de las personas.
El subsidio de arriendo, explicó el fiscal, alcanzaba la suma de $300 mil para los habitantes de Alto Hospicio y $350 mil para los habitantes de Iquique; y exigía para su otorgamiento, la presentación del certificado de inhabitabilidad de SERVIU, la suscripción de un contrato de arrendamiento y la entrega de un comprobante de pago de la renta de arrendamiento.
En tanto, el subsidio de acogida familiar alcanzaba la suma única de $300 mil para Alto Hospicio e Iquique, y exigía para su otorgamiento, además del certificado de inhabitabilidad, una declaración jurada de acogida familiar firmada por el o la jefe de hogar que acoge al familiar o amigo y además, la entrega de un comprobante de haber efectuado el pago a la persona que recibe al siniestrado.
La Fiscalía agregó que los subsidios se comenzaron a pagar a partir del mes de mayo del año 2014, sin embargo, a poco andar, se comenzaron a recibir denuncias respecto a ciertas irregularidades cometidas por las personas beneficiarias. Específicamente, las irregularidades consistieron en recibir los diversos subsidios sin cumplir con los requisitos necesarios para obtenerlos, esto es, permaneciendo en los domicilios siniestrados los cuales debieron abandonar para recibir los montos correspondientes; señalando encontrarse en un determinado domicilio en acogida familiar o arrendando una vivienda en específico, lo cual no era efectivo; afirmando que vivían en el domicilio siniestrado al momento de los terremotos, lo cual era falso; solicitando el subsidio varias personas para un mismo inmueble; y teniendo más de un inmueble de su propiedad, pero dando cuenta del siniestro de uno de ellos.
El fiscal Guerrero detalló las acciones realizadas por cada uno de los imputados y los montos recibidos, los cuales en total suman más de 223 millones de pesos, formalizándolos como autores del delito de obtención fraudulenta de subsidio. También solicitó que los imputados quedaran sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en la Fiscalía, lo que fue acogido por el juez de garantía, quien fijó un plazo de investigación de 180 días.
Al terminar la audiencia, el persecutor agregó que la investigación continúa junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y que podrían realizarse nuevas formalizaciones en el futuro.
