Por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y asociación criminal fueron formalizados por la Fiscalía de Alto Hospicio los diez miembros de la organización desbaratada la semana pasada con la Policía de Investigaciones que traía al país mujeres adultas y adolescentes, principalmente de nacionalidad boliviana, para que ejercieran el comercio sexual en prostíbulos clandestinos ubicados en la región.
“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos.
También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, explicó la fiscal del caso Camila Albarracín.
En el operativo se detuvieron a quienes ejercían como líderes de la organización y a quienes apoyaban en distintas labores de traslado y control de las mujeres, administración de los locales y recepción de pagos, entre otras funciones. Al momento de ser detenidos los líderes se les encontró en sus domicilios más de 20 millones de pesos en efectivo.
La fiscal detalló que las mujeres eran captadas a través de brazos operativos desplegados en Bolivia o a través de plataformas de mensajería instantánea, donde les ofrecían trabajo de “acompañantes” y aprovechándose de la vulnerabilidad de ellas, las convencían financiando todo el traslado, porque las víctimas llegaban con una deuda de 900 bolivianos al llegar a Chile, debiendo permanecer trabajando con ellos a los menos tres meses, ya que en caso contrario debían pagar una comisión de mil bolivianos.
Los prostíbulos clandestinos eran promocionados a través de páginas de internet, donde se subían las fotografías de las víctimas y también se ofrecían prestaciones de servicios sexuales a domicilio.
El juzgado de garantía de Iquique acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de los diez imputados fijando un plazo de investigación inicial de 120 días.
