Tribunal decretó prisión preventiva de militares bolivianos formalizados por robo con intimidación

Fiscalía del Tamarugal también les imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía del Tamarugal, el juzgado de garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva de los tres militares bolivianos detenidos la madrugada del miércoles pasado en Colchane, que hoy fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación y por porte ilegal de armas de fuego y municiones.

En la audiencia de formalización, el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, explicó que

el martes 7 de septiembre, siendo las 22:00 horas aproximadamente y en circunstancias que la víctima M.B.Ch. conducía un vehículo marca Toyota, por el sector del Salar de Coipasa, fue interceptado por un grupo de sujetos con uniformes militares de Bolivia, entre los cuales se encontraban los imputados Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Bautista Carvajal, que se movilizaban en un vehículo y dispararon armas de fuego en varias oportunidades con el objetivo de que la víctima detuviera el vehículo. El afectado huyó en dirección al poblado de Pisiga Choque, quedando empantanado y bajándose del móvil, siendo intimidado con armas de fuego para que entregara las llaves del vehículo, cuestión que finalmente realizó, huyendo los imputados y sus acompañantes en el mismo vehículo de la víctima.

Paralelamente a ello, personal de Carabineros de la subcomisaría de Colchane que había recibido denuncias al nivel 133 de que en el sector del poblado de Pisiga Choque se encontraban militares bolivianos armados, procedió a enviar personal a verificar la situación, encontrándose con el ciudadano J.G.S., quien les señaló que militares bolivianos lo habían perseguido y disparado con armas de fuego intentando sustraerle su vehículo marca Toyota, el cual había quedado empantanado pocos metros más adelante. Al seguir avanzando, carabineros encontró dicho vehículo el cual presentaba muestras de haber sido desvalijado y además se encontró con otra persona, quién les señaló que minutos antes los militares bolivianos habían intentado sustraerle un vehículo marca Nissan que conducía por el salar de Coipasa y le habían disparado.

En ese momento se acercó la víctima M.B.Ch. solicitando ayuda, señalando que le habían sustraído su vehículo y que los militares bolivianos escapaban en él, debido a ello carabineros inició una persecución encontrándose con el personal militar boliviano aproximadamente a un kilómetro de la frontera con Bolivia, los cuales se desplazaban en tres vehículos, uno de los cuales correspondía al de dicha víctima. Personal militar boliviano procedió a disparar sus armas de fuego en contra de carabineros, razón por la cual estos repelieron el ataque con las armas institucionales que portaban, logrando interceptar el vehículo que correspondía al sustraído a la

víctima y en el cual se desplazaban los imputados, quienes intentaron darse a la fuga pero fueron reducidos, encontrándoles dos fusiles, dos pistolas y numerosas municiones.

En la audiencia el Fiscal dio cuenta de las múltiples diligencias realizadas por OS 9 y Labocar de Carabineros en estos días, como la toma de declaración de víctimas y testigos, la georreferenciación de donde ocurrieron los hechos y los informes periciales que daban cuenta que había restos de disparo en las armas y las ropas de los imputados.

También el Fiscal mostró los audios de las llamadas telefónicas de residentes del sector de Pisiga Choque que ya cerca de las 22:00 horas daban cuenta de la presencia de los militares bolivianos en territorio chileno, y detalles de los sistemas de GPS que tienen los vehículos de Carabineros, los que mostraban que éstos siempre se mantuvieron en territorio nacional y que la detención se produjo a un kilómetro y medio de distancia de la frontera.

Dada la gravedad de los hechos, que los imputados dispararon contra funcionarios de Carabineros y que éstos se mantuvieron por varias horas en territorio chileno según dieron cuenta testigos, el Fiscal indicó que la libertad de los tres detenidos era un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que solicitó su prisión preventiva,

Pese a la oposición de la defensa que alegó que los imputados estaban en un procedimiento por la lucha contra el contrabando, la magistrada Daniela Gutiérrez dio lugar a la prisión preventiva, señalando que ningún convenio de colaboración entre Chile y Bolivia permite que funcionarios policiales o militares traspasen la frontera, que tampoco existen registros de que se hubieran solicitado acciones de coordinación para detener a algunas personas, y que los militares bolivianos por su especialidad no podían desconocer que estaban en territorio chileno.

El plazo de investigación se fijó en 90 días.

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