Corresponsal Iquique Imágenes que relatan la noticia
Tras dos días de audiencia, el Juzgado de Garantía dio lugar a la solicitud de la Fiscalía y dejó privados de libertad a los nueves detenidos, dada la gravedad de los delitos: asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, robo con violencia y porte de arma de fuego.
Acogiendo la petición de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía resolvió decretar la prisión preventiva de los nueve integrantes de la banda detenida esta semana por el OS 9 de Carabineros por el robo y contrabando de un millonario cargamento de celulares. Los detenidos fueron formalizados por delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando y robo con violencia, entre otros.
En la audiencia, la fiscal Paola Apablaza explicó que el 22 de febrero pasado, los imputados Mauricio Pizarro Yáñez, Francisco Paniagua Hernández, Alexander Herrera Alvarez y un cuarto sujeto interceptaron a la altura de Playa Lobito, un camión que trasladaba teléfonos celulares y tablets marca Huawei desde el aeropuerto a la Zona Franca de Iquique, avaluados en un millón 600 mil dólares y pertenecientes a la empresa Brighstar. Los imputados simularon un control policial, intimidando con armas de fuego al conductor del camión, maniatándolo y cubriéndole el rostro, dejándolo en la parte posterior del móvil.
Luego trasladaron el camión hasta la residencia del imputado Pizarro, ubicado en playa Colorado, donde los esperaban las imputadas Magdalena Robles González y Rosa Justiniano Gutiérrez, parejas de Paniagua y Pizarro, respectivamente, quienes colaboraron en descargar los teléfonos celulares. En la noche, terminada esta operación, los imputados abandonaron al conductor del camión en un lugar cercano al sector Tres Islas.
Mientras se cometía el robo, y de acuerdo al plan ideado, llegaron a la residencia de Pizarro los imputados Rubén Saravia Vergara y Alán Miranda Henríquez y un tercer sujeto, quienes forman parte de la organización criminal liderada por Marco Saravia Vergara, procediendo a trasladar las especies sustraídas hasta el domicilio particular de Marco Saravia, donde las escondieron en una pieza especialmente diseñada para ello.
Posteriormente, Marco Saravia a través de su organización, en la que también participaba el imputado Carlos Vaca Chávez, comenzó el proceso de comercialización de los equipos robados en el barrio boliviano. Según Aduana, el perjuicio fiscal por la venta irregular de estas especies, que estaban sometidas a un régimen especial, es de 292 millones de pesos.
Parte de estos celulares se encontraron en el allanamiento que se realizó al domicilio de Saravia Vergara, además de tres armas de fuego: Glock calibre 9×19, Smith & Weson calibre 9×19 y marca ISSC calibre .22 largo, con sus respectivos cargadores con municiones.
La fiscal Apablaza explicó que los imputados Marco y Rubén Saravia, Alan Miranda, Carlos Vaca y otros sujetos formaban parte desde el año 2010 de una organización estructurada, cuyo objetivo era la comisión sistemática de variados delitos contra la propiedad, el orden público económico y la hacienda pública, que les reportaron utilidades que aprovecharon para su beneficio personal.
Al mando de esta organización estaba Marco Saravia, quien bajo una fachada comercial, vendía las especies sustraídas a compradores extranjeros. Para obtener dichas mercaderías, los otros miembros de la organización (familiares y gente de confianza) contactaban a bandas criminales para coordinar los robos y luego captaban clientes en el barrio boliviano para vender los equipos.
De acuerdo a la exposición de la Fiscalía, todos estos delitos generaron utilidades millonarias a los imputados, que superarían en total el millón 800 mil dólares, las que a fin de ser ocultadas, fueron utilizadas en la adquisición de numerosos bienes, pese a que ninguno de los imputados ejerce una actividad comercial o profesional que justifique dichos ingresos y bienes.
Marco Saravia fue formalizado por los delitos de asociación ilícita (como jefe de la misma), contrabando, lavado de activos, robo con violencia y porte de arma de fuego. Rubén Saravia ynAlan Miranda fue formalizado por los delitos de asociación ilícita, robo con violencia, contrabando y lavado de activos.
En tanto que Mauricio Pizarro, Alexander Herrera, Francisco Paniagua, Rosa Justiniano y Magdalena Robles fueron formalizados por robo con violencia, contrabando y lavado de activos.
Por su parte Carlos Vaca fue formalizado por los delitos de asociación ilícita y contrabando.
Dada la gravedad y naturaleza de los delitos, y las penas asignadas a los mismos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, lo que fue acogido por la magistrada Maritza Campos, decretándose un plazo de seis meses para la investigación.
