La Ley de Probidad en la Función Pública obliga a un desempeño honesto e intachable

Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, tras promulgación de normativa legal

Tal como lo anunciara el Gobierno, hoy se promulgó la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (Ley 20.880), normativa que a juicio del Seremi de Gobierno de Tarapacá, Luigi Ciocca, es un avance concreto para transparentar la gestión púbica y poner fin a las malas práctica e irregularidades que han acontecido en el último tiempo.

“Como Gobierno, y tal como lo ha señalado la Presidenta Bachelet, éste es un gran hito en cuanto para afianzar nuestra democracia y frenar de golpe esta dualidad entre la política y los negocios, porque con esta ley se terminan los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, exigiéndole a todas las autoridades una conducta y un desempeño funcionario honesto e intachable en el cargo, por sobre los intereses personales. Esa es la premisa del Gobierno y la vamos a cumplir a cabalidad, porque todo aquello que atente contra la transparencia y las buenas prácticas es un escollo para forjar una mejor democracia”.

Para Ciocca, un aspecto fundamental de este cuerpo legal  es que establece como primera medida que todas las autoridades de jerarquía, además de parlamentarios, intendentes, gobernadores, seremis,  jefes superiores de servicio, oficiales generales y superiores de las FF.AA., alcaldes, concejales y consejeros regionales, entre otros; deben realizaruna declaración de intereses y patrimonio.

Esta declaración deberá incluir los bienes inmuebles, bienes muebles, valores, acciones, y actividades que realizan.  Además de la declaración de bienes del cónyuge o conviviente civil, si el régimen pactado es de sociedad conyugal o comunidad de bienes, respectivamente.

El vocero regional de Gobierno indicó que la ley es clara en determinar que la Contraloría General de la República verificará el cumplimiento de la normativa. Quienes no realicen la declaración de intereses y patrimonio, recibirán multas que van desde los $ 229.995 hasta los $ 2.299.950 (5 a 50 UTM).

“Si el incumplimiento se mantiene por sobre cuatro meses a haber sido notificado, la sanción es la destitución del cargo. Sin embargo, ello no extingue la responsabilidad, la que se mantendrá por los cuatro años siguientes. Además de quedar inhabilitados para optar a cargos de representación popular u optar a un cargo o función pública. Porque hay que entender queel servicio público es para servir y no para obtener privilegios o beneficios”, acotó Ciocca.